Internacional

La denominada “Troika”, conformada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, ha sido denunciada formalmente por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ante el Parlamento Europeo por haberse atribuido competencias contrarias a los Tratados europeos durante sus intervenciones de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre.

El informe presentado al respecto por la CES muestra que los países donde la Troika ha impuesto sus políticas han pagado un alto precio económico y social. Por ello, la central europea exige modificaciones sustanciales en los programas y mecanismos existentes para garantizar que las políticas de austeridad y desregulación de este trío institucional no se puedan repetir en el futuro.

En todos los casos, la política de la Troika se ha basado en sus dos pilares de austeridad fiscal masiva y de desregulación salarial y de los sistemas de negociación colectiva. Todo ello con poco o ningún respeto por el diálogo social. La Troika realmente no ha escuchado a los sindicatos, a quienes sólo ha contestado con respuestas preconcebidas, sin atender en absoluto sus demandas.

Ha sido peor aún en aquellos casos en los cuales los interlocutores sociales sí habían llegado a un acuerdo conjunto -casos de Grecia, Portugal-, en los que la Troika no ha respetado lo pactado y, por el contrario, llegó a forzar la situación para imponer sus propias reformas. Estas reformas debilitan o desmantelan los derechos de negociación colectiva, los sistemas de conformación de los salarios y los sistemas de protección social. Todo esto ha tenido graves consecuencias: la economía, los salarios y la protección social disminuyeron, mientras que el desempleo , la pobreza y las desigualdades aumentaron. 

Al final, la política de la Troika fue incapaz incluso de limitar el aumento de la deuda pública para restaurar a los canales financieros normales, los flujos de crédito y los diferenciales de tasas de interés, quedando limitados muchos países en el acceso a la financiación. Por ello, el informe de la CES exige una revisión de los programas de ajuste para garantizar que se encuentren en el cumplimiento del acervo social europeo.

Veronica Nilsson, Secretaria Confederal de la CES, ha manifestado que “los principios fundamentales de los Tratados Europeos deben ser respetados en todo momento. El hecho de que los programas sean elaborados bajo la presión del mercado y del corto plazo no debiera cambiar este criterio”.